La Cumbre Social expresa su rechazo a la intención del Gobierno de recortar el poder adquisitivo de las pensiones, obsesionado con reducir el gasto en lugar de aumentar los ingresos, denuncia la reforma de los ayuntamientos que los convierte en simples oficinas administrativas, y reiterar su radical oposición a la privatización y/o recortes de servicios públicos tanto en la Administración central como en las comunidades autónomas.